Perú Hoy, no. 13. Por aquí compañeros. Aprismo y neoliberalismo. Eduardo Toche (compilador): Dos años de política agraria

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Perú Hoy, no. 13. Por aquí compañeros. Aprismo y neoliberalismo. Eduardo Toche (compilador)
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Presentación

El cambio responsable que nos aleja del futuro diferente

Descentralización fiscal y territorio

Marchas y contramarchas de la descentralización

Poca participación y muchos conflictos

Conflictos sociales en el Perú, 2006-2008

El gobierno aprista y las ONG: un nuevo ciclo de disputa por los derechos

El juicio a un ex jefe de Estado por crímenes de lesa humanidad

Los orígenes de la crisis financiera actual: una visión de largo plazo

Liberalización comercial frente a integración regional? Un balance de las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea

Transferencias a los gobiernos locales. Las causas de la desigualdad

Cuando pase el temblor. Apuntes para un balance del desastre del 15 de agosto del 2007

Dos años de política agraria

Del perro del hortelano al juego del "gato encerrado". Política laboral, actores sociales y empleo

Políticas educativas y formación docente. Entre la espada y la pared

Los retos de la política magisterial

Chile y Perú. Una continuidad histórica

Perú y Chile. El abrazo ausente

Defensa nacional e institucionalización democrática

Política de drogas: cuatro aciertos, cinco continuidades y ninguna propuesta seria

Notas sobre los autores

Como citar este documento: Eguren, Fernando. Dos años de política agraria. En publicacion: Perú Hoy, no. 13. Por aquí compañeros. Aprismo y neoliberalismo. Eduardo Toche (compilador). DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo: Perú. Julio. 2008 978-9972-670-90-9.
Acceso al texto completo: http://www.desco.org.pe/apc-aa-files/d38fb34df77ec8a36839f7aad10def69/completo_PH_jul08.zip

Resumen:
Descriptores Tematicos: Politica agraria, Gobierno, Sector agrario, TLC, Tratado de Libre Comercio, Exportaciones, Propiedad de la tierra, Seguridad alimentaria, Cultivos, Conflictos, Peru

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Dos años de política agraria

Fernando Eguren

El período presidencial de Alan García comenzó con signos auspiciosos
y preocupantes, al mismo tiempo. En efecto, durante la
última década, las exportaciones agrarias no cesaron de aumentar
y el valor de las exportaciones agrarias totales pasó de 822
millones de dólares en el 2000 a más de 1.600 en el 2007. A pesar
de ello, su participación en el total de las exportaciones bajó del
11,8% al 6,8%, debido, sobre todo, al incremento de los precios
de los minerales.

El espacio privilegiado de este dinamismo agrario ha sido la
costa. Con alrededor de 750.000 hectáreas de cultivo, alrededor de
100.000 están actualmente dedicadas a la exportación de los llamados
cultivos de exportación "no tradicionales", nombre que busca
identificar este espacio costero con lo "moderno" y globalizado
—tecnologías modernas y gestión moderna—, con los empresarios
modernos y con la mediana y gran empresa. Si bien el conjunto
de cultivos no tradicionales representa hoy algo más de la mitad
del total, individualmente sigue siendo el café, calificado con la
poca prestigiosa expresión de "cultivo tradicional", el principal
cultivo de exportación.

¿Por qué "tradicional"? Porque es producido por pequeños
agricultores y con tecnologías que no son de punta. Además, están
más allá de la cordillera, lejos de la moderna costa. Esta división
de "no tradicional" y "tradicional" puede ser menos inocente de
lo que pudiera parecer. La identificación de los dos calificativos
con los sectores sociales que representan estos dos grandes rubros
tiende a subrayar el mérito y capacidades de los primeros, y a
restárselos a los segundos. Como veremos más adelante, estos
últimos están más cercanos de lo que el presidente García llama
"los perros del hortelano".1

Pero, al lado del éxito exportador, los signos preocupantes
en los primeros días del nuevo gobierno aprista en los espacios
rurales fueron los conflictos de las empresas mineras con las
poblaciones locales, sobre todo campesinas, arrastrados desde el
gobierno de Alejandro Toledo: Yanacocha, Antamina, Southern
Perú y Volcán. A lo largo de los dos primeros años de la nueva
administración, los conflictos saltarían de un sitio a otro —el caso
de Majaz fue especialmente tenso—, con grandes dificultades de
llegar a negociaciones entre las partes, básicamente por el comportamiento
del gobierno, negligente en algunos casos, abiertamente
sesgado hacia los intereses de la empresa en otros.

Este punto merece un breve comentario. En los casos de Yanacocha
y Majaz, no solo el gobierno sino otros sectores políticos,
apoyados por importantes medios de comunicación —radio, televisión
y periódicos, y sus más connotados periodistas— y algunos
gremios empresariales, perdieron toda perspectiva y equilibrio
en sus antojadizas interpretaciones sobre las causas ("políticas")
y los supuestos responsables de los conflictos (invariablemente
adjudicadas a la población, a los curas, a las autoridades locales y
a las ONG, todos ellos "perros del hortelano" para el presidente
García), en lo que podríamos llamar una suerte de histeria colectiva.

Similar reacción sobredimensionada de los mismos personajes
e instituciones volvió a ocurrir cuando el Parlamento Europeo no
admitió a debate la moción que planteaba la calificación del MRTA
como movimiento terrorista, supuestamente por efecto de una
carta de una ONG defensora de los derechos humanos.

El tratado de libre comercio con los Estados Unidos
La administración aprista se inició también con otro hecho importante:
la súbita militancia del flamante presidente a favor del
tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, luego de
que durante la campaña electoral prometiera revisar "línea por
línea" lo que el Congreso aprobó, gracias a los votos del Partido
Aprista, al final del gobierno de Alejandro Toledo. Con más
vehemencia —si cabe— que el propio Toledo, dedicó grandes
energías en tratar de influir de alguna manera a que el tratado
fuese aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, para lo
cual designó como su representante personal a Hernando de Soto.

Aunque aparentemente De Soto resultó no ser tan exitoso en sus
negociaciones con los congresistas estadounidenses, hizo una
afirmación que tuvo alguna consecuencia: que el TLC beneficiaría
solo al 2% de las empresas peruanas.

Dado que tal afirmación no venía de la estigmatizada izquierda
sino de un derechista ilustrado, prestigioso y "globalizado",
el hecho obligó a una cierta reacción del gobierno, súbitamente
preocupado de que eso podría efectivamente ocurrir si no se hacía
algo. Ese algo comenzó a llamarse el "TLC interno" —concepto
difícil de definir— o, más convencionalmente, la "agenda interna".

Esta debería traducirse en un conjunto de medidas y políticas que,
en la perspectiva del gobierno, debían preparar a los productores
"tradicionales" a competir en el nuevo marco de relaciones
comerciales, pero que desde la perspectiva de los productores
agrarios, asociados en Convención Nacional del Agro Peruano
(Conveagro), debía protegerlos de la competencia desleal de un
agro norteamericano fuertemente subsidiado. Estas medidas, en
el entender de la Conveagro un mes después de haberse instalado
el nuevo gobierno cuando era ministro de Agricultura Juan José
Salazar, deberían ser las siguientes:

(i) TLC: compensaciones para todos los productos sensibles
que serán afectados por los subsidios de los Estados Unidos
(trigo, maíz, arroz, azúcar, algodón, leche, carnes, cebada,
aceites y papa).
(ii) TLC: implicancias del pedido norteamericano para que
ingrese al Perú carne de bovino de 30 meses.
(iii) Transgénicos: reglamentar la Ley de Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología a partir de una comisión técnica que incluya
la participación de los gremios agrarios.
(iv) Decreto supremo 035 y 053-MINAG: derogatoria de estas
normas por antidemocráticas, inmorales y atentatorias
contra el libre derecho de elegir a los dirigentes.
(v) Sierra Exportadora:2 análisis de las posibilidades del proyecto
con la participación y visión de los propios productores
(cultivos nativos y camélidos sudamericanos).
(vi) Compras estatales: programas sociales, fuerzas armadas y
penales deben comprar en forma directa a los productores
organizados.
(vii) Financiamiento agrario: modificación de la Ley de Agrobanco,
para hacerlo de primer piso.
(viii) Consejo Nacional de Concertación Agraria (Conaca): revisar
la participación de gremios y organizaciones sin vínculo
con el sector agrario.
(ix) Autogravamen: impulsar una ley que disponga esta medida
para fortalecer a las organizaciones de productores.
(x) Organización: mecanismos legales y técnicos que mejoren
la existencia de los gremios de productores.
(xi) Tributación: considerar la predominancia del minifundio en
el país y las implicancias del TLC con los Estados Unidos.
Varios de estos puntos constituirían, con el transcurrir de los
meses, materia de duras y frecuentemente infructuosas negociaciones
con el ministro de Agricultura.

Sierra Exportadora

Quizá la mayor novedad en cuanto a política agraria ofrecida
por el presidente García a los electores fue el programa Sierra
Exportadora. La base de esta propuesta fue una pequeña publicación
del propio Presidente, en ese entonces candidato, en la que
aseguraba que en cinco años podían destinarse 150.000 hectáreas
de la sierra a cultivos para la exportación, hecho que generaría
300.000 puestos de trabajo directo e indirecto, y exportaciones por
1.000 millones de dólares. La propuesta se basaba en la convicción
de que los campesinos, luego de recibir información apropiada,
se convencerían de que sus ingresos aumentarían de una manera
espectacular si es que dejaban de producir lo que producían desde
siempre —cultivos "tradicionales"— para dedicarse a la exportación
de cultivos "no tradicionales". El pequeño libro rebosaba
un entusiasmo proporcional al poco conocimiento de la realidad
geográfica, económica, social y cultural de nuestra sierra; de la
propia capacidad del Estado para impulsar tan espectacular iniciativa;
y de una esperanza algo ingenua en el espíritu audaz de
los inversionistas costeños.

Este poco conocimiento se profundizó —si cabe profundizar
el desconocimiento— con el nombramiento de un empresario sin
experiencia alguna para acometer tarea tan compleja como jefe
del programa. En el curso de su gestión, aparentemente habiendo
tomado conciencia de las dificultades para cumplir la meta
presidencial de las 150.000 hectáreas, ha ido variando de estrategias:
en un momento sugirió que se forestarían 70.000 hectáreas
y en otro, que se sembrarían hasta 200.000 hectáreas de canola,
una oleaginosa para la producción de biodiesel. Mientras que el
potencial forestal de la sierra parece ser efectivamente impresionante
(más de 2,5 millones de hectáreas de especies comerciales
según estiman ingenieros forestales), aprovecharlo requiere de
una importante decisión política, pues pasa por la inversión en
infraestructura en las zonas forestables y, sobre todo, por resolver
problemas institucionales.

En efecto, la mayor parte de las tierras forestables de la sierra
pertenece a comunidades campesinas, que carecen de los recursos
financieros y los conocimientos requeridos para la explotación maderera
a gran escala para el mercado externo. Los inversionistas,
por su lado, tienen una justificada aprehensión sobre la seguridad
de hacer inversiones de largo plazo sobre la base de contratos o
joint ventures con comunidades campesinas cuya institucionalidad
no necesariamente es compatible con las exigencias de contratos
comerciales. Aquí también la participación del gobierno puede
ser importante, ofreciendo un marco normativo y de solución de
diferendos que podría hacer viable joint ventures u otras formas
de asociación que aseguren beneficios tanto para las comunidades
como para los inversionistas.

El caso es que el gobierno no ha mostrado ninguna voluntad
política en este sentido; antes bien, ha colocado a los campesinos
de las comunidades en el bando de los "perros del hortelano",
pues "sus habitantes viven en la extrema pobreza […] esperando
que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor
sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas, porque si son
improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel
de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador".3

La oportunidad de una actividad económica con fuertes efectos
redistributivos, como sería un joint venture entre inversionistas y
comunidades, es negada por un enfoque que considera que el uso
eficiente y adecuado de los recursos naturales es el monopolio de
la gran empresa y la gran inversión.

Un año después de la inauguración oficial del programa Sierra
Exportadora —fines de noviembre del 2006— en la sede principal
de la Sociedad Agraria de Interés Social (SAIS) Túpac Amaru, el
ministro de Agricultura, Ismael Benavides, banquero y agroexportador,
criticó el aislamiento en el que operaba el programa
Sierra Exportadora al no coordinar con su despacho. Un sondeo
realizado por la ONG Servicios Educativos Rurales (SER), en
Cajamarca, Ayacucho y Puno, encontró que la percepción de los
actores regionales es que el programa "no avanza, no coordina
con la región y no ha establecido canales claros de coordinación
con los productores, salvo con aquellos grupos elegidos desde las
gerencias del programa".4

El programa ya no goza de la atención de los medios, ni de los
favores del ejecutivo. Desde sus inicios no solo se puso objetivos
cuantitativos imposibles de alcanzar, sino que la propia orientación
—la exportación— no era lo mejor que puede ofrecer la región
andina. Biodiversidad, cultivos andinos, camélidos, servicios
ambientales, forestación, artesanías, turismo ecológico e histórico,
tienen grandes posibilidades en beneficio de la población y de las
economías regionales, y deben orientarse tanto al mercado interno
—regional y nacional— como al externo.

Un solo programa de largo aliento, bien concebido y políticamente
respaldado, en beneficio de los pastores de alpacas —más de 70.000
familias—, productores de una fibra con grandes posibilidades que
tradicionalmente ha enriquecido a un muy reducido número de
empresarios, sería más beneficioso que la dispersión en la que se ha
ido finalmente deslizando Sierra Exportadora. Si a tal programa se
agregasen sólidas bases para un programa de forestación comercial
andina, articulando a inversionistas con comunidades campesinas,
el gobierno aprista sería recordado como uno de los que más hizo
por el desarrollo incluyente en la sierra. Lamentablemente, por ahí
no van las opciones gubernamentales.

Concentración de la propiedad

Así como Sierra Exportadora ha sido una propuesta frustrante
para el gobierno —y para muchos productores andinos que habían
puesto sus expectativas en el programa—, las inversiones en la
agricultura de la costa han continuado, y eso se refleja, como se
señaló al inicio de este artículo, en los incrementos de las exportaciones.
El gobierno reclama parte del mérito, que no hay que
escatimarle, pues, efectivamente, este gobierno ha impulsado aún
más uno de los caminos que ha tomado el tipo de modernización
en curso: la concentración del control sobre la tierra. Aunque la
propiedad es la forma más acabada del control, hay otras formas
como las concesiones e, incluso, las cadenas productivas que
articulan la gran empresa con pequeños agricultores pueden ser
consideradas como formas indirectas de control de la tierra cuando
las decisiones sobre los costos y beneficios de la relación no son
concertadas, sino que dependen de la empresa dominante.

La concentración de la propiedad ha ocurrido a través de dos
carriles principalmente. El primer carril es el de la transferencia
de las tierras nuevas en la costa irrigadas gracias a grandes
obras realizadas con recursos fiscales. La manera en que han sido
concebidas estas obras y las condiciones de venta de las tierras
ganadas al desierto son de tal naturaleza que solo pueden ser adquiridas
por grandes inversionistas, con lo que quedan excluidos
los medianos y pequeños agricultores. En contraste con una exitosa
irrigación como la de San Lorenzo, en el departamento de Piura,
concebida para asentar a pequeños y medianos agricultores, hoy
consolidados como una próspera clase media rural, obras como
la de Chavimochic se concibieron para grandes predios. Entre los
años 1994 y 2006, 11 empresas adquirieron más de 27.000 hectáreas,
entre 1.000 y 6.000 hectáreas cada una.

Es cierto que el período en que se hicieron estas transferencias
no corresponde al gobierno de Alan García, pero la continuidad
de las políticas agrarias orientadas a estimular la gran propiedad
viene desde el segundo gobierno de Fernando Belaunde y, con
mucha mayor fuerza, desde la administración de Alberto Fujimori
hasta la actualidad. Recientemente, dos empresas han adquirido
del Estado en el valle de Chira, en el departamento de Piura, 10.000
y 3.600 hectáreas de tierras eriazas, con sus respectivos derechos
de agua, para plantaciones de caña de azúcar destinadas a la
producción de etanol para exportación.

Otro carril es el del mercado de tierras, sobre todo en los valles
de los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica.
Pequeños agricultores, ex beneficiarios de la reforma agraria, que
en una buena proporción se encuentran en una precaria situación
económica como resultado de largos años de bajos precios agrícolas
y falta de crédito, de información y de asistencia técnica,
así como con grandes problemas para asociarse, se han visto
obligados a vender o arrendar. Pero también ha habido grandes
adquisiciones, como las del grupo Gloria, que se hizo de las ex
cooperativas agroindustriales azucareras Casagrande y Cartavio,
con lo que hoy prácticamente domina el valle de Chicama. La
tendencia imparable es que las vastas áreas de tierras irrigadas
que hasta hace no mucho eran de propiedad de decenas de miles
de trabajadores —los socios de las cooperativas agrarias— están
siendo transferidas, de maneras no siempre transparentes, a
grandes inversionistas. La arremetida de los agrocombustibles
también está propiciando la concentración de la propiedad sobre
decenas de miles de hectáreas en la selva alta para la siembra de
palma aceitera como insumo para la producción de biodiesel.
Dada la falta de titulación de muchos pequeños agricultores y
comunidades, el despojo es parte de los mecanismos utilizados
para lograr la acumulación de terrenos.

El cuestionamiento a la producción de agrocombustibles por
parte de entidades internacionales
como el Banco Mundial, la FAO

y la OCDE, por los efectos que está teniendo sobre la elevación de
los precios de los alimentos, parece haber causado algún efecto
en el presidente García. A los pocos días de haber inaugurado la
primera planta de biodiesel de la empresa Heaven Petroleum, que
proyecta la siembra de 50.000 hectáreas de tierras eriazas con oleaginosas
como insumos y de haber calificado a quienes se oponen a
este tipo de proyectos como "perros del hortelano", el Presidente,
con gran sentido de la oportunidad, instó a los gobernantes del
mundo a buscar otras alternativas para competir con el precio
internacional del petróleo, sin sacrificar la agricultura, y exhortó a
limitar con prudencia la reconversión de hectáreas de cultivo para
la producción de biocombustibles como el etanol. Esta exhortación,
sin embargo, parece tan fuera de línea con orientaciones maestras
del gobierno como la creación del Ministerio del Medio Ambiente
(recordemos que los ambientalistas también forman parte del
numerosísimo contingente de los perros del hortelano).

La concentración de la propiedad tiene varias consecuencias no
deseables. En primer lugar, tiende a profundizar las diferencias socioeconómicas
entre un reducido grupo de propietarios y la masa
laboral. Esto es tanto más cierto cuanto las condiciones laborales
y los niveles salariales en el campo son muy bajos, y las dificultades
para formar sindicatos son con frecuencia infranqueables.

En segundo lugar, tiende también a concentrar el poder político
local, otorgando a los grandes empresarios una gran influencia
sobre los gobiernos locales. Una ilustración: la empresa Maple,
que opera en el valle del Chira, entregará durante 20 años medio
millón de dólares anuales al gobierno regional Difícilmente, este
podrá sustraerse de dar un trato preferencial a dicha empresa.
Finalmente, el tipo de tejido social en un valle dominado por la
gran empresa será mucho más débil que en uno en donde predomina
la mediana y pequeña propiedad, en el que los niveles
de independencia de las familias para definir la naturaleza de las
relaciones con la sociedad local son mucho mayores. En suma, el
dominio territorial de la gran propiedad no favorece la democratización
social y política local.

Las concesiones son otro medio de transferir tierras en espacios
rurales a grandes empresas, sobre todo extractivas. En esto, también
el gobierno mantiene una línea de continuidad con gobiernos
anteriores. Según la ONG Cooperación, entre 2002 y mayo de 2007,
la cantidad de terrenos autorizados por el gobierno central para
la actividad minera se disparó en 77,4%: de 7.045.000 a 13.224.000
según la ONG CooperAcción.

Los denuncios petroleros correspondientes a 27 empresas se
extienden sobre 44 millones de hectáreas en la cuenca amazónica.
En 26 de ellos, hay tierras indígenas y en 4 tierras de reservas territoriales
para pueblos indígenas en aislamiento, lo que significa que
se viola el convenio 169 de la OIT. Por otro lado, las concesiones
forestales suman 7,6 millones de hectáreas. Ha habido iniciativas
del poder ejecutivo para que las concesiones puedan convertirse
en propiedad, haciendo más difícil de lo que ya es la sanción a
las empresas que incumplen con las normas para una explotación
sostenible del bosque. A los mapas del Perú físicos, ecológicos,
políticos, etc., debería agregarse un nuevo mapa por construirse:
el de quienes controlan qué territorios.

Seguridad alimentaria o soberanía alimentaria

Las políticas de seguridad alimentaria de los gobiernos que siguieron
al gobierno militar de los generales Velasco Alvarado y
Morales Bermúdez se han basado en el mantenimiento de una
oferta de alimentos importada en algunos rubros cruciales como
el del trigo, las oleaginosas y el maíz. El crecimiento de los precios
de los alimentos desde hace dos años está cuestionando las
estrategias que se sustentan solo en los mecanismos de mercado.
El valor de las importaciones de productos agrarios ha pasado de
830 millones de dólares en el 2003 a 1.273 millones en el 2006.

Actualmente, países tradicionalmente exportadores de ciertos
cereales básicos están restringiendo sus ventas al exterior, causando
zozobra en los países dependientes de las importaciones.

Muchos países desarrollados, sobre todo europeos, han seguido,
después de la segunda guerra mundial una política cercana a la de
la soberanía alimentaria, es decir, de dependencia sobre todo de su
propia producción. A pesar de que desde antes del inicio del actual
gobierno ya habían señales claras del aumento de los precios de los
alimentos, la actual administración no ha tenido capacidad para
reaccionar, en circunstancias de que esta situación puede afectar
gravemente al menos a una tercera parte de la población del país.
Antes bien, mantiene la orientación de apoyar privilegiadamente
el uso de las tierras para productos dirigidos a la exportación y,
más recientemente, a la producción de agrocombustibles.

Los rebeldes

Que el tipo de crecimiento económico que el país sigue desde los
años de Fujimori hasta la actualidad es excluyente es aceptado
hasta por el propio gobierno, aunque fuera sotto voce. En los
casi dos años de gobierno aprista, ello ha motivado importantes
movilizaciones de protesta. Las más sonadas han sido las de los
campesinos en protesta por los atentados, reales o anticipados,
de las empresas mineras contra el medioambiente. Pero en los
primeros meses del 2007 hubo movilizaciones de agricultores en
Ancash, Piura, Huánuco y Loreto, así como de los productores
lecheros. Las reivindicaciones no fueron solamente sectoriales y se
ampliaron a temas más generales como la deficiente educación de
los niños. Algodoneros y productores lecheros protestaron contra
el abuso de la posición de dominio de industrias oligopólicas.
Juntos con otros gremios, levantaron su voz contra los riesgos
de un TLC con los Estados Unidos en el que los negociadores
peruanos sacrificaron la parte de la agricultura orientada al
mercado interno.

Hacia fines de año se acumularon otros conflictos, derivados
de la incapacidad o falta de voluntad del gobierno de asumir sus
responsabilidades: entre regiones a propósito de los derechos
sobre el agua (Piura y Lambayeque, Huancavelica e Ica, Puno y
Moquegua) y entre empresas mineras y la población rural, algunos
muy publicitados, y otros, decenas, poco conocidos. En varios
valles de la costa, además, la situación de inseguridad causada
por la delincuencia común se ha convertido en endémica, creando
zozobra y ahuyentando inversiones.

Hacia el 18 de febrero del 2008, los problemas acumulados y la
falta de sintonía del gobierno, en general, y del ministro de Agricultura
Benavides, en particular, con los agricultores, permitieron
que las dos organizaciones más influyentes, la Conveagro y la
Junta Nacional de Usuarios, superasen su rivalidad para acordar
un paro agrario. El paro movilizó a agricultores y asalariados
agrícolas de la costa, particularmente de la costa norte, en donde
el peso de las empresas agrarias exportadoras es significativo, y de
la sierra central y sur, eternas marginadas de las preocupaciones
gubernamentales.

Estos actos de protesta fueron interesantes en un doble sentido.
En primer lugar, porque movilizaron, en la costa norte, a sectores
sociales que supuestamente estarían siendo también beneficiados
por el boom exportador, aunque lo que probablemente haya motivado
su movilización es precisamente la sensación de que las
desigualdades económicas se acrecientan aun
cuando hubiese
más empleo y relativamente mejores salarios —en un contexto de
crecimiento económico, justamente por su carácter concentrado—;
y, en segundo lugar, porque la reacción del gobierno expresó el
endurecimiento creciente tanto hacia las movilizaciones sociales
—hubo cuatro muertes causadas presuntamente por acción
policial— como hacia las posiciones políticas que disientan del
gobierno. El propio Presidente es el promotor del endurecimiento,
pues desde su punto de vista: "La responsabilidad [de las muertes]
la tienen los pseudodirigentes y los agitadores extremistas
que, de una u otra manera, empujan como carne de cañón a los
pobladores".5

Otra fuente de conflicto surge del enfrentamiento entre el
gobierno y los productores de hoja de coca. El reconocimiento
del fracaso de la política gubernamental continuista hacia el problema
de la coca y la firma de un acta en la que se comprometía
al gobierno en el retiro del Perú de la Convención de Viena, que
penaliza el cultivo de la hoja de coca, fueron los motivos de la
renuncia forzada del primer ministro de Agricultura, Juan José
Salazar, el 21 de mayo del 2007. Como en anteriores gobiernos, el
problema de la coca se reactiva periódicamente ante las diversas
exigencias de los productores y la falta de alternativas y real voluntad
de diálogo del gobierno.

Conclusiones

Las políticas agrarias del gobierno presidido por Alan García
han continuado las orientaciones de los gobiernos anteriores.

El indudable éxito de las exportaciones ha evidenciado las
importantes brechas existentes en el propio sector agrario, y eso
no parece preocupar mayormente al gobierno. En efecto, en el
marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al
ejecutivo, este ha dado una serie de iniciativas legales que tienden
a profundizar las diferencias entre un agro para la exportación
en manos de grandes inversionistas y una pequeña agricultura
orientada al mercado interno. El manifiesto del presidente
García, publicado con el nombre del síndrome del perro del
hortelano, respaldado por una buena parte de la clase política y
del empresariado, va más allá que los gobiernos anteriores en sus
intenciones de facilitar la transferencia de los recursos naturales
del país, y específicamente la tierra, a inversionistas nacionales y
extranjeros. El supuesto de esta opción es doble: que los pequeños
agricultores, comunidades campesinas y nativas, no están en
condiciones de poner en valor los recursos que poseen, y que
"solo lo grande es hermoso". Esta propuesta, verdaderamente
expoliadora de los pobres rurales, por su propia naturaleza tiene
la potencialidad de ser una generadora de conflictos de distinto
calibre, en diferentes regiones del país.

Notas

1 García, Alan. "El síndrome del perro del hortelano". Diario El Comercio, edición
del 28 de octubre del 2007. Con la expresión, el Presidente alude a "los que no comen
ni dejan comer".
2 Programa iniciado por el gobierno aprista a fines del 2006.
3 García, Alan. Ob. cit. No podría haber mayor contraste que sus declaraciones
como presidente en 1988, en ocasión del Primer Encuentro de Comunidades
Campesinas del Norte: Rimanakuy, realizado en Piura: "¿Cómo puede alguien
litigar con la comunidad, si las tierras de la comunidad histórica son inembargables,
inalienables, inajenables, según dice la Constitución; cómo puede alguien litigar con
la comunidad si en principio la comunidad fue dueña de todo antes de que llegaran
los demás? La comunidad estuvo antes quizás que el propio Imperio, antes que la
República, la Conquista y la Colonia, antes que los García Pérez y todos los demás
apellidos?".
4 "Sierrra exportadora no convence". La Revista Agraria, n.º 87, septiembre del
2007, Lima, CEPES, p. 12.
5 Diario El Comercio, edición del 20 de febrero del 2008.

Dos años de política agraria Fernando Eguren